Presentación - Memoria

A partir de la entrada en vigor de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, el Consell viene desarrollando las políticas públicas dirigidas a cumplir con las obligaciones de la Generalitat con las victimas de la guerra civil y el franquismo,y también con sus familiares, aspirando de esta manera a profundizar además en los principios y valores democráticos y conseguir que la memoria democrática del pasado sea un factor de identidad política y de orgullo para el pueblo valenciano.
 
Se trata de recordar y honrar a quienes se esforzaron por defender la autonomía política del pueblo valenciano tras la proclamación de la Segunda República Española, a quienes sufrieron las consecuencias del golpe de estado y el posterior conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes batallaron por alcanzar nuestra autonomía política hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de 1982.

Junto a ello, además, resulta imprescindible recordar que el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo y constitucional de la Segunda República, dio paso a una larga y cruenta guerra civil que se tradujo en un estallido de violencia extrema que costó la vida a miles de personas y que una vez finalizada la guerra, la represión institucionalizada por los vencedores continuó durante una prolongada dictadura, siendo la reparación de sus víctimas una dolorosa cuenta pendiente durante muchos años, incluso, durante la Transición y el periodo democrático, la cual todavía no ha sido satisfecha del todo.

En efecto, habrían de pasar más de treinta años desde el inicio de la Transición para que un Gobierno democrático se atreviera a llamar a la dictadura franquista por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la memoria histórica, pese a todas sus insuficiencias, proclamó  la “condena del franquismo”. Sin embargo, con esta Ley, recientemente modificada por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sólo se alcanzaron unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria,sistemáticamente reprobada por la ONU,  dando paso con ello a una legislación de las Comunidades Autónomas, en su mayoría comprometida con  los principios de verdad y justicia y plena rehabilitación moral y jurídica de los vencidos y sus descendientes, como es el caso de  la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, Generalitat y memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, a partir del año 2019, la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, afronta con decisión una política pública de memoria democrática, que garantice plenamente los derechos de las victimas  de la dictadura franquista, y de sus familiares, como una obligación pública y una oportunidad para investigar la historia colectiva, así como una vía para difundir a las generaciones presentes y futuras el respeto de los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática que disfruta nuestra sociedad y como garantía de no repetición.