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El Consell declara de interés general las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con la COVID-19

  • A pesar del estado de alarma, las conselleries han seguido tramitando solicitudes y el Consell de Transparencia resolviendo reclamaciones

(22/05/2020) - A pesar del estado de alarma, las conselleries han seguido tramitando solicitudes y el Consell de Transparencia resolviendo reclamaciones


El Pleno del Consell, a propuesta de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ha declarado de interés general la tramitación de aquellas solicitudes de acceso a información pública relacionadas con la actual crisis sanitaria o con la acción de la administración como consecuencia de la COVID-19

La aplicación del principio de transparencia de la actividad pública se sitúa entre las prioridades de la acción del Gobierno valenciano. En una situación de crisis como la que ha provocado la pandemia de la COVID-19, la transparencia garantiza el derecho a la información de la ciudadanía y la rendición de cuentas.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma, establece que, como norma general, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

Dicho decreto contempla la posibilidad de suspensión en cada procedimiento concreto y de forma motivada; por tanto será cada dirección general quien tendrá potestad para actuar, pero el Consell ha querido mostrar su posicionamiento marcando un criterio general al respecto.

Tramitación durante el estado de alarma

En el marco del estado de alarma, en todo momento, las conselleries han seguido tramitado las solicitudes de acceso a la información pública, así como ha seguido funcionando el procedimiento telemático accesible del portal GVA Oberta, y el Consell de Transparencia ha continuado resolviendo reclamaciones.

Por tanto, a pesar de esta suspensión automática a consecuencia del estado de alarma, se ha asegurado también la necesaria rendición de cuentas y el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información pública, a la vez que se ha garantizado la finalidad del estado de alarma y se han evitado perjuicios a las personas afectadas.

Ahora, se da un paso más para reforzar ese derecho a la información pública y la rendición de cuentas, dando la máxima seguridad jurídica a los órganos que lo tramitan y resuelven las reclamaciones.

El derecho de acceso a la información pública se vincula a principios de transparencia, que protege el interés de la ciudadanía a conocer en todo momento aquello que hacen las administraciones públicas, y que cobra especial relevancia en las situaciones excepcionales que vivimos y en relación en las actuaciones desplegadas frente a la crisis sanitaria mundial de la COVID-19.


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